Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio no debe retractarse

Desde su llegada como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, en julio de 2019, Carlos Vega López, lo primero que encontró fue que no había flujo de caja para pagar las nóminas de noviembre y diciembre, además que el presupuesto y la nómina eran inoperantes, y 26 órdenes de prestación de servicios (OPS), también conocida como nómina. 

El nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, explicó en entrevista concedida al periodista Nelson Ardila que, en las cámaras de comercio está prohibida la contratación a través de OPS, porque todos los empleados deben estar vinculados con su contrato laboral, tanto para blindar a la entidad como al trabajador.

"Las únicas OPS que deben existir son para revisoría fiscal, asesor externo para temas laborales y un asesor para que apoye en los asuntos de Superintendencia, Contraloría y Procuraduría, y -si es necesario- un funcionario por renovación de matrículas lo contrata tres meses", sostiene Vega López.

También en la entrevista publicada en El Tiempo.com sostiene que de las 57 cámaras de comercio del país la de Villavicencio era la única que tenía sindicato cuando llegó a finales de julio.

A esto se suma que en agosto, a los pocos días de asumir al cargo, tuvo que declarar la vacancia automática del directivo William Hernández, porque se inscribió como candidato al concejo de Villavicencio y una de las inhabilidades de las cámaras de comercio es utilizarlas para hacer política.

En torno a la posibilidad de que varios de los que se sindicalizaron el 2 de septiembre pasado eran funcionarios recomendados por Hernández, Vega López respondió que no tiene la seguridad de que así sea "pero es mucha coincidencia que entre 26 y 27 personas crearan ese sindicato”.

Y pese a que al presidente ejecutivo -Leonardo Baquero- le habían suspendido las facultades para contratar, del 6 al 30 de junio suscribió seis contratos por 643 millones de pesos.

A todo lo anterior, se suma que la CCV participaba de una agencia de promoción de inversiones denominada Invest In Orinoquía, con la alcaldía de Villavicencio y unos empresarios privados que no son de la región, con compañías recién creadas con dos o tres meses de constitución, las cuales generan sospecha.

Además, se había constituido a través de una sociedad por acciones simplificada (SAS), cuando hay una normativa que prohíbe a las cámaras pertenecer a ese tipo de compañías, sólo pueden hacer convenios sin ánimos de lucro.

“La obligación mía es salvaguardar los intereses de la Cámara y de la región y como el procedimiento estaba mal hecho, me reuní con la junta directiva para echarlo para atrás esa sociedad”, sostiene Vega López. 

Al 27 de mayo la CCV había celebrado cinco convenios con Invest In Orinoquía por 490 millones de pesos, aparentemente para desarrollar proyectos estratégicos para la región. Uno de los contratos era el estudio de los globos aerostáticos para hacer un festival de globos en el Meta, otros para la construcción de una zona franca y un centro de convenciones y exposiciones con un plazo de dos y tres meses.

Llamaba la atención que los contratistas pedían prórrogas en tiempo para cumplir los contratos con la excusa del cierre de la vía al Llano, que nada tenía que ver con el objeto de esas labores. En ese momento, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría estaban al tanto de los convenios porque generaban sospechas.

El año pasado de 93.000 matrículas sólo renovaron 45.000, posiblemente por el bajo nivel de reputación de la entidad, la creación de empresas de papel -que en realidad no representan el comercio- y que aparecen para cada elección de la junta directiva.

Estás declaraciones generaron la inmediata reacción de los integrantes de Invest In Orinoquia, quienes a través de una Acción de Tutela buscaron que, tanto el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio como el periodista Nelson Ardila, se retractaran de lo publicado en la versión digital del diario de circulación nacional.

A principios del mes de febrero de 2020, en Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió un fallo negando las pretencciones del accionante Didier Alfonso Chávez Valek quien funge como representante legal de la empresa Invest In Orinoquia.

En sus argumentos el juez Luis Carlos González Ortega, manifiesta lo siguiente: "Véase, entonces, en lo que se relaciona con el accionante, que el artículo debe ser entendido como opiniones del entrevistado y del comentarista, por cuanto al referirse a la sociedad Invest In Orinoquía S.A.S. no se traspasa los linderos de la libertad de expresión, que según viene de verse tiene un radio amplio, de manera que no pudo pasar al terreno de afirmaciones sugestivas, falsas o incoherencias conforme lo expuso el accionante; por lo tanto, no es procedente el derecho de rectificación para exigir la protección de los derechos al buen nombre y a la honra del actor, como ocurre en el presente caso, por manera que no evidenciándose la violación de los derechos invocados, la presente acción constitucional habrá de negarse".