Al Cementerio Central de Villavicencio no le cabe un muerto más

Una gran preocupación aqueja al Gobierno municipal, la causa: la disminución en la capacidad de bóvedas en el Cementerio Central y la falta de recursos para la construcción de nuevos sepulcros.

Así lo explicó la secretaria de Gobierno municipal, Andrea Lizcano, quien indicó que en lo corrido del presente año ha sido necesaria la realización de 139 exhumaciones para liberar bóvedas para ubicar allí nuevos cuerpos. 

La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, se mostró preocupada por la baja disponibilidad de bóvedas en el Cementerio Central, y la falta de recursos para construir más.

"Destinamos un rubro de 200 millones de pesos, que fueron entregamos a  la Secretaría de Infraestructura, recursos que resultan escasos y solo alcanzaron para la construcción de algunas bóvedas para cumplir requerimientos judiciales de Justicia y Paz, de la Fiscalía y Medicina Legal con el tema de los NN y los desaparecidos”, agregó.

De acuerdo con Lizcano, la situación en el campo santo se agudiza a causa del fallecimiento de migrantes venezolanos, ya que por la condición económica los familiares de los fallecidos no cuentan con recursos para asumir los gastos funerarios de sus seres queridos.

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Frente al aumento de población migrante, la funcionaria responsabilizó a Migración Colombia y a la Cancillería, por no ejercer los controles necesarios para cuidar las fronteras y no verificar los antecedentes judiciales de los ciudadanos venezolanos.

"Personas que cometen delitos, se van y regresan sin ningún inconveniente, indocumentados, y cuando fallecen en la ciudad, nos aumentan la carga presupuestal", indicó.

Otro de los casos que tiene en colapso al Cementerio Central, es la llegada masiva de población indígena proveniente de otros departamentos, quienes llegan a Villavicencio para recibir atención médica y, en muchos casos fallecen, aumentando la cifra de fallecidos.

Para finalizar, la secretaria de Gobierno de Villavicencio, indicó que ya se ha alertado de esta situación a la Procuraduría y a la Gobernación del Meta, para que los municipios que tengan contratos de auxilios funerarios para víctimas del conflicto armado, indígenas, habitantes de calle y abuelos en condiciones de abandono, se responsabilicen del traslado de los cuerpos para que sean sepultados en sus lugares de origen.