En desarrollo de una operación de control territorial sobre la vereda Caño Giriza, del municipio de Miraflores, Guaviare, y por la presión ejercida por tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, orgánica de la Cuarta División del Ejército Nacional, se logra la presentación voluntaria de tres personas y la recuperación de un menor de edad, quienes harían parte de la Estructura Primera. Tenían en su poder talonarios con los que estarían realizando el cobro de extorsiones a comerciantes y moradores de la región.
Dentro de estas personas se encontraba una mujer que sería la radista de la comisión de finanzas de este reducto ilegal, y quien se encargaría de las comunicaciones, además de la adquisición de recursos económicos por medio de extorsiones; los otros dos hombres serían los encargados del reclutamiento forzado de menores, constreñimiento y amenazas a la población civil, mediante el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos; igualmente estarían dedicados a identificar las nuevas zonas de expansión, haciendo presencia sobre las riberas de los ríos Unilla, Itilla y Vaupés, y en los municipios de Calamar y Miraflores, Guaviare.
A estas tres personas, que voluntariamente decidieron someterse a la justicia, se suma la recuperación de un menor de edad que también se presentó ante los uniformados y quien fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos, situación que confirma los actos indiscriminados de los grupos armados que de manera forzada y con engaños se llevan a los niños y jóvenes de la región.
Según información de inteligencia, esta comisión estaría dejando de percibir mensualmente 1800 millones de pesos, por lo que se frenan los planes de expansión territorial. Igualmente se causa un retroceso en las actividades de organización de masas para el reclutamiento forzado de menores.
Al momento de su presentación, estas personas dieron a conocer al Ejército Nacional sus intenciones de querer reincorporarse a la sociedad civil e iniciar una nueva vida con su familia y bajo la legalidad y recibido el apoyo del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, liderado por el Gobierno nacional.
Durante su desmovilización estos sujetos tenían en su poder importante material de guerra, intendencia y comunicaciones, dentro del cual había 3 fusiles, más de 800 cartuchos de diferentes calibres, proveedores para fusil, 25 granadas, equipos de campaña, radios, cordón detonante para artefactos explosivos improvisados, talonarios para cobros de extorsiones y documentos de importancia para la inteligencia militar.
Al parecer, dentro de las acciones delictivas ejercidas por estos desmovilizados se encontraba la de realizar cobro de cuotas extorsivas, por lo que, con esta presentación voluntaria, el Ejército Nacional logra afectar una vez más, la estructura armada y económica del GAO-r Estructura Primera y da tranquilidad a quienes estaban siendo víctimas de este delito en la región.
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