De acuerdo con Carlos López López, contralor departamental, este tipo de actos administrativos tienen una serie de requisitos de acuerdo con la legislación colombiana, especialmente las declaratorias de calamidad pública.
El funcionario explicó que una declaratoria de calamidad pública se convierte en la última opción para atender una situación que en mucho de los casos no puede ser considerada como tal.
La ley colombiana establece que las declaratorias de calamidad pública habilita de manera excepcional a los mandatarios locales para contratar como contrataría una entidad privada.
A través de esta figura, Cortés Trujillo, habría justificado la contratación por 30 millones de pesos de maquinaria para la intervención de un sector crítico conocido como Guacamayas, en la vereda Manzanares
La Contraloría del Meta compulsó copias penales y disciplinarias, tanto al mandatario municipal como al jefe de la Oficina Jurídica, jefe de la Oficina de Contratación y el secretario de Infraestructura.
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