El exalcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, enfrenta una nueva acusación que se suma a los señalamientos sobre presuntas contrataciones de cuotas políticas en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la censura a periodistas en el Meta. Esta vez, lo denuncian por supuestamente avalar la construcción de urbanizaciones ilegales en la ciudad.
Uno de los predios involucrados es la finca La Camelia, un extenso terreno perteneciente a una herencia millonaria. Según la denuncia, este fue dividido en pequeños lotes y vendidos sin autorización de los propietarios legítimos, resultando en tres barrios populosos construidos de manera irregular.
Presuntas irregularidades administrativas
La denuncia sostiene que el entonces alcalde Harman Ortiz, mediante actos administrativos, habría legalizado estos barrios, a pesar de órdenes judiciales que estipulaban que el predio debía entregarse al juzgado para continuar con el proceso sucesorio.
Adicionalmente, las víctimas denunciaron la actuación ilegal de un agente de tránsito que, en la época de los hechos, fungía como inspector encargado de la Policía. Este funcionario tenía la misión de entregar el predio, diligencia que nunca se concretó. Actualmente, enfrenta una investigación penal y una imputación de cargos.
El inspector de Policía en propiedad también presentó una queja por presunto acoso laboral contra funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio. Alegó que recibió presiones para favorecer a los llamados "tierreros del Meta". La queja detalla que, al negarse a cumplir órdenes irregulares, fue trasladado de su puesto.
Más acusaciones y contexto legal
Este caso no es un hecho aislado en Villavicencio. La proliferación de urbanizaciones ilegales ha sido un problema recurrente en la región, donde los "tierreros" han operado con relativa impunidad, aprovechando vacíos legales y posibles complicidades administrativas. Diversas organizaciones sociales han denunciado que estos grupos se benefician de una red de corrupción que involucra tanto a funcionarios públicos como a particulares que buscan lucrarse a expensas de las comunidades vulnerables.
Por su parte, expertos en derecho urbanístico han señalado que la legalización de barrios ilegales es un proceso complejo, pero necesario en algunos casos para evitar el desalojo masivo de familias que han comprado terrenos de buena fe. Sin embargo, este proceso debe cumplir estrictamente con la ley, lo que no habría ocurrido en el caso de *La Camelia*, según los denunciantes.
Respuesta de Harman
En una entrevista con la revista *Semana*, Harman Ortiz afirmó que el predio *La Camelia* está en proceso de sucesión por la familia Ditterich desde 2014. Según explicó, como alcalde, remitió la orden judicial para que el inspector de Policía competente realizara la entrega del inmueble. Sin embargo, una de las partes solicitó la nulidad de la diligencia, lo que fue posteriormente aceptado por el juez de familia.
El exalcalde calificó la denuncia como un "refrito" y aseguró no tener vínculos con la familia Ditterich. Señaló que, debido a múltiples tutelas interpuestas por las partes involucradas, la diligencia no se llevó a cabo durante su administración, y será responsabilidad de la actual administración ejecutarla.
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