Protestas en Puente Amarillo: 116 días de manifestaciones pacíficas

Un grupo de habitantes de los municipios de Restrepo y Cumaral, en el departamento del Meta, completan casi cuatro meses de protestas pacíficas y culturales en rechazo a la presunta ilegalidad del peaje de Puente Amarillo, administrado por la concesionaria vial Covioriente. La manifestación ha puesto en evidencia las tensiones entre la comunidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria, en un contexto marcado por promesas incumplidas y preocupaciones socioeconómicas.

Críticas al gobierno nacional  

Edilton Garcés, vocero de los manifestantes, criticó al presidente Gustavo Petro por no cumplir con su promesa de campaña de desmontar los peajes innecesarios, como el de Puente Amarillo. Según Garcés, la eliminación de este peaje es fundamental para el desarrollo de la región.

“El perjuicio que trae este cobro no solo se mide en términos monetarios, sino también en lo social y ambiental. Se está condenando a dos municipios, cuyo principal sustento es el turismo y la gastronomía, a un retroceso económico. El aumento en las tarifas de peajes de categorías I y II desincentiva la visita de turistas, lo que impacta directamente a nuestras comunidades”, afirmó Garcés.

Impacto en la comunidad local  

Los manifestantes también expresaron su preocupación por los efectos que los incrementos en las tarifas podrían tener sobre la movilidad de los habitantes locales. “El impacto no solo lo sentirán los turistas, sino quienes vivimos en Restrepo. Si se concretan los aumentos, la empresa que administra los camperos —el transporte más utilizado en la zona— ha anunciado que el pasaje a Villavicencio podría subir a 11 mil pesos. Esto afectaría a miles de personas que se trasladan diariamente por razones de estudio o salud”, agregó Garcés.

Negociaciones estancadas  

David Mora, otro de los voceros de la protesta, señaló que las mesas de diálogo con la ANI y Covioriente han fracasado. Ante esta situación, los manifestantes planean enviar una solicitud formal al presidente Petro para exponerle directamente la situación. Esta petición cuenta con el respaldo de cerca de 22 mil firmas.

“Estamos cansados de que nuestra manifestación sea estigmatizada por la concesionaria y la ANI. Mientras dialogan con nosotros en un Puesto de Mando Unificado (PMU), al mismo tiempo solicitan a la gobernadora y a los alcaldes la intervención de la fuerza pública para desalojar el peaje. Esto desconoce la instrucción del presidente de respetar la protesta pacífica como un derecho ciudadano”, enfatizó Mora.

Acciones legales en curso  

Actualmente, existen acciones populares, procesos de nulidad y denuncias penales en distintas instancias judiciales contra las actuaciones de Covioriente. Los manifestantes aseguran que seguirán en pie de lucha hasta que se dé una solución concreta a sus demandas y se garantice la protección de sus derechos.