El Estado colombiano deberá asumir el pago de 1,3 billones de pesos tras un fallo en contra emitido por un tribunal internacional en relación con el proyecto Perimetral de Oriente 1, una vía diseñada para conectar Cundinamarca con el Meta. El laudo arbitral determinó que las dificultades ambientales no previstas en la fase de planeación causaron la paralización del proyecto, adjudicado en 2014 a un consorcio internacional.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó la terminación anticipada del contrato, argumentando la imposibilidad de continuar con los tramos afectados y otras actividades del proyecto. Sin embargo, el consorcio adjudicatario, conformado por las firmas Shikun & Binui de Israel e Infrared Capital Partners del Reino Unido, llevó el caso ante un tribunal internacional, alegando incumplimientos contractuales por parte del Estado colombiano.
Tras meses de deliberación, el tribunal dictaminó que Colombia debía compensar a la concesionaria, argumentando que las falencias en la estructuración del proyecto—especialmente en el componente ambiental—fueron determinantes en la paralización de las obras.
A pesar de múltiples reuniones y propuestas, como otrosíes y memorandos de entendimiento, no se alcanzaron acuerdos para reactivar la construcción o mitigar el impacto del conflicto. Esto dejó el desarrollo de la vía alterna al Llano en un estado de incertidumbre, afectando la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales.
El proyecto, considerado estratégico para la región, buscaba descongestionar la vía principal al Llano y mejorar la movilidad hacia Villavicencio. Sin embargo, su fracaso representa no solo una carga económica para el país, sino también un retroceso en la infraestructura vial del territorio.
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