Un juez de la República sancionó al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y a la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, por omitir información clave al responder un derecho de petición. La medida incluye una multa equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente 15 millones de pesos para cada funcionario.
Entre las irregularidades detectadas destaca la omisión de información esencial sobre los estudios técnicos realizados antes de adquirir tierras, incluyendo detalles sobre su idoneidad y pertinencia. Además, no se entregaron datos sobre los contratos suscritos durante el proceso de compra ni los criterios empleados para seleccionar los predios en el departamento del Meta, lo que generó serias dudas sobre la transparencia y cumplimiento de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
Esta decisión judicial resalta la importancia de garantizar que las instituciones públicas actúen con transparencia y respeten los derechos de los ciudadanos. La multa impuesta busca asegurar que la Agencia Nacional de Tierras entregue información completa y oportuna, fortaleciendo el acceso a la información como un pilar fundamental de la democracia.
El caso adquiere relevancia no solo por el impacto en la gestión de tierras en el Meta, sino también por la implicación directa de altos funcionarios del Gobierno. Esto plantea interrogantes sobre las políticas de adquisición de tierras y la necesidad de mayor fiscalización en el cumplimiento de las normas.
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