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Defensoría alerta: riesgo extremo por grupos armados en Amazonía y Orinoquía

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido la Alerta Temprana 001-2025, advirtiendo sobre los graves riesgos que enfrentan las poblaciones civiles de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía debido a la intensificación de la confrontación armada entre grupos disidentes de las extintas FARC-EP. Este llamado urgente a la acción busca prevenir nuevas víctimas y mitigar los impactos de una crisis humanitaria que se agrava día a día.

La alerta resalta la fractura entre los grupos liderados por alias 'Calarcá', también conocido como el “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”, y los comandados por alias 'Iván Mordisco', cabeza del autodenominado “Estado Mayor Central”. La disputa por el control territorial y de economías ilegales ha intensificado los niveles de violencia, dejando a la población civil atrapada en medio de una guerra sin cuartel.

Entre las estructuras más relevantes bajo el mando de 'Calarcá' se encuentran los bloques Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes, con frentes activos en zonas estratégicas. Por su parte, 'Iván Mordisco' lidera los bloques Amazonas Manuel Marulanda Vélez y Central Isaías Pardo, que también concentran operaciones en áreas de alta vulnerabilidad.

Mapa de riesgos: municipios en alerta roja

Según el informe, varias regiones presentan niveles de riesgo extremo e inminente, especialmente en departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá. En estas áreas, la fractura ya se traduce en enfrentamientos bélicos que demandan medidas urgentes de prevención y protección.

Además, zonas como Putumayo y Vaupés enfrentan tensiones crecientes que podrían escalar a combates armados en cualquier momento, con consecuencias devastadoras para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Contexto: paralelismos con la crisis en el Catatumbo

La situación en estas regiones guarda preocupantes similitudes con la del Catatumbo, otro epicentro de conflicto armado en Colombia. Allí, la disputa entre grupos armados ha generado desplazamientos masivos, desapariciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. En la Amazonía y Orinoquía, el panorama no es distinto: la población se enfrenta al reclutamiento forzado, amenazas y limitaciones al acceso a bienes básicos, exacerbadas por la falta de presencia estatal.

"Ante la compleja realidad que enfrenta Colombia en sus regiones más vulnerables, es imperativo que las alertas tempranas sean atendidas con la urgencia que la situación demanda. La vida y dignidad de miles de colombianos están en juego", indicó la Defensora del Puebo, Iris Marin Ortiz.

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades locales, nacionales y a la comunidad internacional a implementar acciones inmediatas de prevención y garantías de no repetición. Esto incluye fortalecer la presencia estatal, brindar asistencia humanitaria y promover el respeto por los derechos humanos en las zonas más afectadas.

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