El reciente aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 5,36% ha intensificado el debate nacional sobre el financiamiento del sistema de salud en Colombia. Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como una decisión necesaria para garantizar la sostenibilidad del sector, críticos argumentan que el ajuste es insuficiente y podría agravar la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La UPC es el monto anual que el Gobierno destina a las EPS por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para financiar la atención médica. Este incremento busca equilibrar los costos frente a la inflación, proyectada en 3% para este año. Sin embargo, sectores opositores aseguran que el aumento no cubre las necesidades reales del sistema.
Según un análisis de la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP), la medida refleja las fallas estructurales del modelo de salud regulado por la Ley 100 de 1993, que prioriza un enfoque de mercado. La ACSP señala problemas como barreras de acceso a los servicios, condiciones laborales precarias y la acumulación de deudas por parte de las EPS.
El contexto detrás del aumento
El presidente Gustavo Petro defendió el ajuste, calificándolo como razonable y acusando a sus críticos de proteger intereses privados. En un comunicado difundido en redes sociales, cuestionó el sistema de las EPS, que según él, ha estado marcado por corrupción y desvío de recursos públicos.
Petro destacó que durante la pandemia se perdieron 9 billones de pesos destinados al sector salud y denunció irregularidades en entidades como Coosalud y Nueva EPS, las cuales habrían ocultado deudas millonarias para simular estabilidad financiera.
“¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de TransMilenio?”, expresó el mandatario.
La crisis estructural del sistema de salud
Según la ACSP, la crisis de las EPS y del sistema hospitalario público es uno de los mayores desafíos. Entre las problemáticas señaladas se encuentran:
- Deudas acumuladas: Las EPS adeudan a prestadores públicos y privados, afectando la calidad de los servicios.
- Gestión deficiente: Problemas en la actualización de bases de datos y registros redundantes generan pagos indebidos.
- Concentración económica: Conglomerados dominan el sistema, priorizando el lucro privado sobre la salud pública.
Propuestas para un sistema sostenible
La ACSP sugiere reformar la UPC para que contemple las particularidades territoriales y las condiciones de vulnerabilidad de ciertas regiones. También proponen la modernización de sistemas de información y la transición hacia un modelo preventivo basado en redes integrales de servicios.
Además, insisten en la creación de mesas de diálogo con actores internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para rediseñar el sistema sanitario bajo principios de transparencia y equidad.
El gobierno de Petro enfrenta el reto de equilibrar las finanzas del sector salud mientras implementa cambios estructurales que prioricen el derecho fundamental a la salud, conforme a la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
El debate sobre la UPC no solo evidencia las tensiones políticas, sino también la necesidad urgente de un sistema más sostenible y justo para todos los colombianos.
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