Antecedentes del caso
El exmandatario ya había sido procesado y condenado por la justicia ordinaria, que determinó su alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente con alias Don Mario y Miguel Arroyave, líderes del Bloque Centauros. Según las investigaciones, estas alianzas tuvieron como objetivo garantizar réditos electorales mediante el otorgamiento de contratos públicos que beneficiaron económicamente a los grupos paramilitares.
La JEP detalló que estas alianzas permitieron al Bloque Centauros consolidar control político en el Meta y tener participación en foros de paz que facilitaron su posterior desmovilización y la obtención de escaños en el Congreso.
El expediente contra Castro Rincón tomó fuerza tras el asesinato del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica y del líder político Euser Rondón Vargas, quienes también habrían tenido vínculos con las AUC. La diputada Nubia Sánchez Romero también fue asesinada en medio de estos hechos, desencadenando investigaciones penales, disciplinarias y fiscales que derivaron en la condena de Castro Rincón.
Decisión de la JEP#Atención: La @JEP_Colombia rechazó la solicitud de sometimiento a Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 4, 2025
✔️La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó esta solicitud por la precariedad del aporte a la verdad.
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Aunque en un principio la JEP había rechazado su solicitud, en octubre de 2022 se revocó la decisión, bajo la consideración de que las conductas del exgobernador podrían estar relacionadas indirectamente con el conflicto armado. En ese momento, se le exigió a Castro Rincón un compromiso claro y detallado que incluyera:
- Aportes a la verdad.
- Un plan de restauración y no repetición.
Sin embargo, el exgobernador no cumplió con estos requerimientos, limitándose a una simple enunciación de sus aportes sin ofrecer detalles relevantes sobre su relación con las AUC y otros funcionarios implicados.
La JEP consideró que Castro Rincón mostró falta de transparencia y compromiso, utilizando la jurisdicción transicional para su beneficio personal y sin aportar a los principios de centralidad de las víctimas o a la verdad histórica.
Impacto de la decisión
La negativa de la JEP envía un mensaje claro sobre la exigencia de compromiso genuino por parte de los postulados. “No solo trató de usar esta jurisdicción como beneficio propio, sino que su reiterado incumplimiento evidencia su falta de interés en satisfacer las exigencias de la justicia transicional”, concluyó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en su decisión.
Con este rechazo, Castro Rincón deberá continuar enfrentando las consecuencias de su condena bajo la justicia ordinaria, que lo responsabilizó por las alianzas con grupos paramilitares que afectaron profundamente al Meta durante su mandato.
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