Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por un monto que asciende a $160 mil millones de pesos. Las inconsistencias estarían relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, proceso clave dentro del Acuerdo de Paz.
El organismo de control advirtió que el manejo inadecuado de los recursos pone en riesgo el éxito de la Reforma Rural Integral, afectando a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes beneficiarias del programa.
Principales hallazgos de la auditoría
Entre las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría, se destacan tres aspectos críticos: la compra de predios no aptos para la producción agropecuaria, la ocupación ilegal de tierras adjudicadas y los retrasos en la entrega de terrenos a las comunidades.
1. Compra de predios con suelos inadecuados
Uno de los hallazgos más preocupantes es la adquisición de tierras con suelos clasificados como Clase VII y VIII, que, según la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, no pueden destinarse a cultivos ni ganadería.
“Más del 50 % de la superficie de varios de los predios adquiridos está conformada por suelos no aptos para la producción agropecuaria, lo que vulnera la normativa vigente y compromete la viabilidad de los proyectos productivos”, señala el informe.
Además, el 30 % de la superficie de algunos terrenos adquiridos está ocupada por humedales, lo que refuerza la improcedencia de estas compras. En total, la inversión en predios con restricciones de uso asciende a $43.306 millones de pesos, lo que podría representar un detrimento patrimonial.
2. Ocupación ilegal de predios adjudicados
La auditoría también identificó casos de invasión en terrenos comprados por la ANT, debido a la falta de control y custodia. La Contraloría responsabilizó a la entidad por no tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y administración de los predios, lo que generó un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones de pesos.
“El abandono de estos predios ha permitido que sean ocupados ilegalmente, afectando a las comunidades que deberían recibirlos y generando un impacto social en la población beneficiaria del ordenamiento social de la propiedad”, advirtió el organismo de control.
3. Retrasos en la entrega de tierras
Otro aspecto crítico identificado en la auditoría es el bajo porcentaje de entrega de predios adquiridos por la ANT a las comunidades campesinas y étnicas.
Según el informe, de 205 predios disponibles, solo el 12,2 % han sido adjudicados a los campesinos, mientras que un 5,3 % se ha entregado a comunidades indígenas y apenas el 1 % a comunidades afrodescendientes.
“El incumplimiento en la entrega de tierras no solo afecta la implementación de proyectos productivos en zonas rurales, sino que también representa costos adicionales para la ANT, ya que debe destinar recursos al mantenimiento de terrenos que ya deberían estar en manos de sus beneficiarios”, señala el documento.
Impacto en la Reforma Rural Integral y el Acuerdo de Paz
El informe concluye que las presuntas irregularidades detectadas afectan directamente el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, una de las bases fundamentales del Acuerdo de Paz.
La Contraloría advirtió que los incumplimientos en la entrega de tierras generan un presunto detrimento patrimonial de $110.322 millones de pesos, lo que compromete el uso eficiente de los recursos públicos destinados al desarrollo del campo.
En respuesta, el organismo de control anunció que se adelantarán acciones legales y disciplinarias contra los responsables de las anomalías detectadas, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo del Fondo de Tierras y evitar que la problemática siga escalando.
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