La Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrenta un nuevo escándalo de presunta corrupción, esta vez relacionado con un supuesto carrusel de contratación en la Unidad de Gestión Territorial de Guainía. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, apunta a la actual directora de la dependencia, Ruby Aurora García Sánchez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
La denuncia y las acusaciones
El abogado Gregorio Esteban Toro Barrera, exdefensor público en restitución de tierras, radicó el pasado 11 de febrero la denuncia No. 940016000640202510039, en la que señala que García Sánchez habría suscrito cinco contratos de prestación de servicios entre 2024 y 2025 sin cumplir los requisitos legales. Según el documento, estos contratos habrían favorecido a allegados a nivel central y departamental sin el perfil profesional adecuado y con presuntas falsificaciones de certificados de experiencia.
“La falta de idoneidad de algunos contratistas y la posible manipulación de perfiles para pagar favores políticos ponen en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la ANT”, afirmó Toro Barrera en su denuncia.
El denunciante también señaló que la presunta adjudicación irregular de contratos forma parte de una práctica recurrente en el país, donde los contratos de prestación de servicios (CPS) han sido utilizados históricamente para el pago de favores políticos, permitiendo que personas sin experiencia o ajenas a los objetivos de la entidad sean vinculadas a la administración pública.
Respuesta de Ruby García
Consultada sobre la denuncia en su contra, la funcionaria de la ANT y excandidata a la Alcaldía de Villavicencio, Ruby Aurora García, desestimó las acusaciones y aseguró que Toro Barrera estaría actuando por motivos personales.
"La ANT es una entidad 100% centralizada. Su denuncia debe estar relacionada con la no renovación de su contrato con la entidad. Como abogado asesor en Guainía, violó acuerdos de confidencialidad y filtraba información para su empresa privada", afirmó García Sánchez.
La postura de Juan Felipe Harman
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, rechazó los señalamientos y aseguró que Toro Barrera fue desvinculado de la entidad por presuntas actuaciones irregulares.
"A él lo tenemos denunciado por intentar mediar en la formalización de predios", afirmó Harman Ortiz, negando cualquier relación con las acusaciones de corrupción en la contratación.
Investigaciones en curso
Este caso se suma a las recientes indagaciones abiertas por la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios por determinar de la ANT, debido a presuntas irregularidades en contratación por prestación de servicios durante 2024.
El proceso ahora está en manos de la Fiscalía y la Contraloría, que evaluarán si existen méritos para avanzar en una investigación formal y determinar posibles responsabilidades.
Mientras tanto, el escándalo sigue generando debate sobre el uso de los CPS como herramienta de control político dentro de las instituciones públicas y el impacto de estas prácticas en el cumplimiento de los compromisos de la Reforma Agraria Integral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta es la denuncia penal instaurada por el exfuncionariio de la ANT
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