Contratación por prestación de servicios crece 440 % en la ANT y se consolida como empleo precario

Pese a las promesas gubernamentales de mejorar la estabilidad laboral, la contratación por prestación de servicios (CPS) sigue en aumento en el país. Un informe de La Silla Vacía revela que, desde 2022, el gobierno ha gastado alrededor de 8 billones de pesos en esta modalidad, que se caracteriza por ofrecer condiciones laborales limitadas y contratos cortos.

Uno de los casos más representativos es el de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se convirtió en la entidad que más invierte en contratos CPS. Según cifras reveladas por el senador Miguel Uribe, entre enero y agosto de 2024 la ANT ejecutó $358.000 millones en estos contratos, lo que representa un incremento del 440 % frente a 2022. Los contratos, en su mayoría, se destinan a proyectos técnicos como el catastro multipropósito, pero no garantizan estabilidad ni beneficios laborales.

El panorama se repite en otras entidades como el DANE, que contrató a cerca de 6.000 personas para el Censo Nacional Urbano, y la Defensoría del Pueblo, pese a los retrasos en pagos reportados por los trabajadores. La duración promedio de estos contratos en el actual gobierno es de solo 211 días, por debajo de los promedios en administraciones anteriores.

Aunque buena parte de estos contratos se concentra en el gobierno central, también se evidencian prácticas similares en entidades territoriales, lo que reafirma que la figura del CPS se ha convertido en una forma de empleo precario masivo en el sector público. Especialistas advierten que, lejos de disminuir, esta modalidad se afianza como una solución transitoria que perpetúa la falta de garantías laborales.